Aprobado el decreto sobre obligaciones de información tributaria de cuentas financieras

En el BOE de 17 de noviembre de 2015, se ha publicado el Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua. Este Real Decreto permite el intercambio de información anual, de forma automática y estandarizada, sobre todo tipo de cuentas financieras, incorporando el “common reporting standard” (CRS) adoptado por la OCDE, que la UE, con algunos matices, ha hecho suyo a través de la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, tomando como punto de partida el modelo de acuerdo FATCA. Se cumple así con la obligación de trasposición de la citada Directiva y, a su vez, se suprimen los preceptos reglamentarios que trasponen al ordenamiento interno la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses, a fin de evitar la duplicación de las obligaciones sobre comunicación de información. Resultará de aplicación, también, para los Acuerdos con terceros países que contengan normas similares a las contenidas en la Directiva 2014/107/UE y en relación con otros acuerdos bilaterales que establezcan la misma obligación recíproca de intercambio automático de información.

El Real Decreto incorpora al ordenamiento interno las normas de comunicación de información a la Administración tributaria sobre cuentas financieras y los procedimientos de diligencia debida que deben aplicar las instituciones financieras en la obtención de dicha información, para que, a su vez, la Administración tributaria española  pueda intercambiar la información recibida, de forma automática, con la Administración correspondiente del país o jurisdicción de residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de la cuenta financiera. Es decir, lo que regula el presente Real Decreto no es la transmisión de información a España procedente de otros estados, sino la obtención de información por la Administración tributaria española para su transmisión a otros países. Este Real Decreto resultará aplicable desde el 1 de enero de 2016 y, en consecuencia, las instituciones financieras deberán suministrar por primera vez a la Administración tributaria la información relativa al año 2016, en el año 2017.

Felipe Romero García, noviembre de 2015.